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47 años del 47

  • Javier Muñoz Tirado
  • 6 dic 2025
  • 5 min de lectura

Porque derechos como la vivienda no deberían ser negocios



Hoy, 6 de diciembre de 2025, se cumplen 47 años desde que la Constitución Española funciona como carta magna efectiva, regulando el funcionamiento del Estado español como una monarquía parlamentaria y democrática.


Y hoy, más que nunca, debemos fijarnos en nuestra ley de leyes para cumplirla y hacerla cumplir a todo el mundo, ya sea un ciudadano de a pie o el cargo político más alto de nuestro país. Porque la constitución es clara, refleja nuestros deberes y también nuestros derechos. Y uno de esos derechos se encuentra en el Título I, capítulo tercero. Es el artículo 47, que ya en el texto original, antes de las modificaciones menores que ha ido sufriendo la Constitución, estaba ahí y todavía continúa en su lugar. Es el derecho a una vivienda digna. Y dice así:


"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."

Básico, sencillo, pero fundamental. Una vivienda digna y adecuada en la que vivir sin problemas. Además, para evitar especulaciones, los poderes públicos (gobierno de España, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) deben promover las condiciones necesarias con el fin de que la vivienda siga siendo un derecho y no un negocio.


Sin embargo, nada de eso parece estar cumpliéndose. Con unos salarios un poco superiores al mileurismo, las personas de entre 20 y 30 años, incluso algo más, tienen que compartir vivienda con otras 3, 4, 5, 6, .... personas para poder hacer frente al pago de un alquiler. Hay ciudades prohibitivas, como Barcelona o Madrid, donde los precios están desorbitados.


Según los datos de Idealista de este 1 de diciembre, en la capital catalana el precio de los alquileres es de 24 euros/m2 (metro cuadrado), mientras que en Madrid es de 22,8 euros/m2. Poniendo cifras más habituales, para un piso de unos 60 m2, en Barcelona pagaríamos 1.440 euros al mes y en Madrid 1.368 euros al mes.


Y aporto una cifra más, la del Salario Mínimo Interprofesional. En 2025, los sueldos mínimos que se cobran en nuestro país, en 12 pagas con las extras prorrateadas (lo habitual para que parezca que el salario es mayor) es de unos 1.381,33 euros mensuales. Hablamos de que en Barcelona nos faltaría dinero para pagar el alquiler y en Madrid nos sobrarían 13,33 euros para tomarnos 4 cañas y media. Para los que se lo pregunten, una caña cuesta de media en Madrid 2,95 euros.


Comprar una vivienda


Y si hablamos de comprar una vivienda, las cifras nos superan enormemente. Justo ayer viernes salían los datos del precio de la vivienda publicados por el INE. En el tercer trimestre comprar una casa es un 12,8% más caro respecto al mismo periodo de 2024. El porcentaje ya es elevado, pero volvamos a las cifras de idealista. El precio medio del m2 en España en noviembre de este año es de 2.605 euros, un 2% más que en octubre.


Territorialicemos mas las cifras, de nuevo Barcelona y Madrid. Barcelona, al contrario de lo que pasa con los alquileres, es algo más barato que Madrid, y más abajo lo veréis. El metro cuadrado está en 5.089 euros. Así, un bonito piso de unos comodísimos 60 metros cuadrados en una gran ciudad europea con mar como es Barcelona se nos quedaría en 305.340 euros (léase con tono de vendedor).


Imagen de un bloque de pisos

En Madrid, el coste del m2 cuadrado es de 5.758 euros, lo que nos deja un agradable pisito de unos 60 metros cuadrados por el módico precio de 345.480 euros (vuélvase a leer con tono de vendedor).


Estos son los datos, y hay que cogerlos como lo que son, cifras medias en base a muchos precios en distintas zonas de las capitales españolas. Habrá lugares más caros y zonas más baratas dentro de las ciudades.


Desde el gobierno de España, socialista, se han tomado medidas. Una de ellas es la ley de vivienda, mas o menos efectiva, se puede discutir. Pero para poder discutirla primero debería de aplicarse, y eso es competencia de las autonomías, que gobernadas por el Partido Popular en su mayoría, no la quieren aplicar. Y así es difícil comprobar si es una buena o mala medida, y todo por culpa de los negocios, por clientelismo con los empresarios y fondos de inversión, por llevar la contraria al partido de enfrente o, simplemente, por no querer ayudar a la ciudadanía, que es básicamente a lo que se deberían dedicar los políticos, a hacer más fácil la vida de los habitantes de España, que son quienes les damos de comer y les votamos en cada elección. No quiero yo decir que haya partidos mejores o peores, sino que entre todos deberían buscar soluciones para que no nos veamos con un trabajo y viviendo debajo de un puente.


Ahora el gobierno de España quiere poner en marcha una medida que les compete a ellos y no a las comunidades autónomas. Han creado una empresa pública de vivienda, Casa 47 (en referencia al artículo que hoy nos ocupa). Según los datos que han aportado, Casa 47 gestiona, de momento, 40.000 viviendas y más de 2.400 metros cuadrados. En este suelo se ha proyectado la construcción de otras 55.000 casas. Y la idea es que sean alquileres largos, a precios razonables y, algo importante, que sea público y que esta vivienda no se pueda derivar al mercado privado, como ha ocurrido en otras ocasiones con las Viviendas de Protección Oficial.


En la teoría, esto suena bien, con viviendas a precios bajos. Según la ministra de Vivienda, Teresa Rodríguez, los precios ofertados en Madrid (era el dato que daban) por la empresa pública estarán un 38% por debajo de los que se ofertan actualmente. Volviendo a nuestro ejemplo, un pisito madrileño que nos costaba 1.368 euros al mes se nos quedaría en 848,16 euros. Para una persona con el salario mínimo facilitaría las cosas, pero seguiría siendo caro. Al sueldo mensual con las pagas extras prorrateadas le sobrarían 533,17 euros para pagar los gastos habituales y la comida. Se podría asumir, pero el ahorro al final de mes sería mínimo o nulo.


Mi conclusión es que la política debería cumplir a rajatabla el artículo 47 de la constitución, porque está muy bien defender a nuestro país o llevar la pulsera con la bandera de España, pero el patriotismo no se demuestra con símbolos, sino con hechos. Y facilitar el acceso a la vivienda tomando medidas para que los precios bajen, la ciudadanía tenga un techo y al final de mes les sobre un dinero es un hecho muy grande y, sobre todo, mostraría las verdadera función de los políticos, que es la de ayudar en el día a día a los habitantes de España.

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Javier Muñoz Tirado

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